Por Anabel Beltrán
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda incorporó a 25 personas físicas y 15 personas morales relacionadas con proveedores de material electoral a su Lista de Personas Bloqueadas, tras identificar operaciones financieras que, según la dependencia, presentan elementos de riesgo. El anuncio se hizo la noche del miércoles 4 de noviembre mediante un comunicado que no incluyó nombres.
De acuerdo con El Universal, El País y la agencia AP, que citaron a fuentes federales, entre las cuentas congeladas están las de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, quien renunció al cargo el 26 de octubre, y las de los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, contratistas del instituto y de organismos electorales locales.
Medida preventiva, no sentencia
La UIF subrayó que la incorporación a la lista es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo, que no implica una determinación de responsabilidad definitiva. Las personas señaladas conservan sus derechos de audiencia y defensa, y pueden impugnar la decisión. En paralelo, Hacienda presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen los movimientos detectados.
En la conferencia matutina de este jueves, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, sostuvo que la lista es secreta y que los nombres solo se comparten con las instituciones financieras, por lo que no confirmó públicamente el bloqueo a Taddei. Tampoco informó si existe una medida similar contra el empresario Amílcar Olán, sobre quien fue cuestionado.
Las empresas del expediente
Los hermanos Hernández Casillas aparecen relacionados con siete compañías que participaron en contrataciones de material electoral, según El Universal: Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.
El expediente se nutre de tres investigaciones paralelas. La Auditoría Superior de la Federación presentó el 30 de octubre ante la Cámara de Diputados el análisis de dos conglomerados, identificados como GC y GHC, que en conjunto registraron operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con entidades públicas entre 2014 y 2026; de ese total, 3 mil 790 millones corresponden al sector electoral. El propio fiscalizador aclaró que esos montos incluyen negocios ajenos a lo electoral y no constituyen, por sí mismos, un daño patrimonial comprobado.
Por su parte, el Órgano Interno de Control del INE identificó cinco empresas con socios o representantes comunes que obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos con organismos estatales entre 2014 y 2025, con indicios de competencia simulada. Cajas Graf y Formas Finas y Materiales concentraron más de mil 800 millones de ese monto.
El modus operandi, según el gobierno
En la misma mañanera, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó una investigación de fuentes abiertas que describe el esquema atribuido a los hermanos: empresas fachada que simulan competencia en licitaciones, vínculos de proveedores con servidores públicos, contratistas sin capacidad operativa ni empleados en nómina, uso de prestanombres para ocultar al beneficiario final y uso de empresas factureras.
Buenrostro afirmó que la red opera desde hace 27 años y que sus integrantes trabajaron en Gobernación y en el Cisen antes de crear sus empresas. La presidenta Claudia Sheinbaum añadió que la Auditoría será la encargada de inhabilitar a las compañías y que la Secretaría Anticorrupción podría replicar esa sanción en el gobierno federal mediante convenios.
Lo que viene
El bloqueo de cuentas abre una nueva etapa del caso, que pasa de las auditorías administrativas al terreno financiero y penal. Ahora corresponde a la Fiscalía determinar si hay elementos para judicializar, y a los afectados decidir si impugnan la medida. Sheinbaum dijo que lo que se presume es que tanto Taddei como los empresarios se encuentran en México.
Para el sistema electoral, el desenlace importa por una razón práctica: el país se prepara para la elección de 2027 y el gobierno anunció un decreto para que Talleres Gráficos de México fabrique la mayor parte de los materiales electorales. México Confidencial seguirá el expediente y las resoluciones que emitan la Fiscalía y los tribunales.
