Por Bruno Cortés
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó el viernes 30 de octubre a la Cámara de Diputados 374 informes individuales de auditoría correspondientes a la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025. En ellos reporta más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar, una cifra que todavía no constituye un daño comprobado, pero que marca el tamaño de las dudas sobre cómo se ejerció una parte del dinero público.
Se trata de la revisión del primer año completo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó los resultados ante la Comisión de Vigilancia de la ASF de San Lázaro, que preside el diputado Javier Herrera Borunda.
Qué se revisó
De acuerdo con la información publicada por la propia ASF y recogida por medios, la mayor parte de los informes —296 de los 374— corresponde a recursos federales transferidos a las entidades federativas. Ahí se encuentran fondos como el de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), el de Aportaciones Múltiples (FAM), los recursos para salud y las participaciones federales. Otros 42 informes son auditorías integrales a municipios y alcaldías, y 36 revisan a dependencias y entidades del gobierno federal.
La concentración en el gasto federalizado no es casual: es el dinero que la Federación entrega a estados y municipios y que estos ejercen con sus propias reglas, un terreno donde históricamente la fiscalización ha encontrado observaciones recurrentes.
Observaciones, no sentencias
Es importante entender qué significa «por aclarar». Las observaciones de la ASF son preliminares: los entes auditados todavía pueden presentar documentación para solventarlas. Solo cuando no logran justificar el gasto, el proceso puede derivar en pliegos de observaciones, promociones de responsabilidad administrativa o denuncias penales.
El auditor informó que, antes de que concluyeran las revisiones, los entes fiscalizados reintegraron más de mil 500 millones de pesos a la Tesorería de la Federación. Añadió que, en los seis meses de su gestión, la ASF ha presentado 40 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y que por primera vez tres de ellas se interpusieron mientras las auditorías relacionadas seguían en curso.
El calendario de la fiscalización
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación divide la revisión de cada Cuenta Pública en tres entregas. La primera, presentada el 30 de junio, incluyó 33 auditorías a la distribución de participaciones federales. Esta es la segunda, y la tercera deberá presentarse a más tardar el 20 de febrero de 2027. Solo con las tres se tendrá el panorama completo de 2025.
La investigación sobre contratos electorales
En la misma sesión, el auditor informó que la ASF abrió una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades relacionadas con el Instituto Nacional Electoral, que abarca también a organismos públicos locales electorales, empresas, proveedores y personas servidoras públicas.
Según lo reportado por La Jornada, Hernández Palacios explicó que trabajos de inteligencia permitieron identificar a dos grupos empresariales que acumularon operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos con diversas entidades públicas entre 2014 y 2026, de los cuales 3 mil 790.3 millones correspondieron a organismos electorales locales. Entre los elementos observados mencionó subcontrataciones entre sociedades de los mismos grupos que participaban en las licitaciones y empresas que facturaban cientos de millones de pesos con menos de cinco trabajadores registrados.
El propio auditor aclaró que la investigación se realizará con respeto al debido proceso y sin anticipar responsabilidades. La ASF no ha dado a conocer públicamente los nombres de los grupos empresariales, y hasta ahora ninguna autoridad ha determinado responsabilidades en el caso.
Qué sigue
Tras la entrega, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, Ricardo Monreal Ávila, expresó la disposición de los legisladores a perfeccionar el marco jurídico y fortalecer las facultades de la ASF. Los informes individuales quedan a disposición del público en el portal del órgano fiscalizador, donde pueden consultarse por ente auditado.
Para la ciudadanía, la utilidad de estos documentos está en el detalle: permiten saber qué gobierno estatal, municipio o dependencia recibió observaciones, por qué monto y en qué programa. El seguimiento de su solventación en los próximos meses dirá cuánto de esos 9 mil millones se aclara y cuánto termina en procedimientos de responsabilidad.
