Por Anabel Beltrán
Daniel Arizmendi López, conocido como El Mochaorejas, recibió una nueva sentencia de 50 años de prisión por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La Fiscalía General de la República informó el domingo 8 de noviembre que el juez también le impuso una multa de 916 mil 312.50 pesos.
La resolución llega más de 28 años después de su detención, ocurrida el 30 de junio de 1998, y es el desenlace de un expediente que tuvo que repetirse. La FGR explicó que la sentencia se dictó luego de que el Ministerio Público Federal aportara pruebas y se cumpliera con la reposición del procedimiento ordenada en agosto de 2003.
Los otros sentenciados
En el mismo caso, Daniel Venegas Martínez recibió 22 años de prisión y una multa superior a 4 millones de pesos por delincuencia organizada y lavado de dinero. Dulce Paz Venegas fue sentenciada a 16 años y al pago de más de 280 mil pesos por los mismos delitos. El juez declaró compurgadas ambas penas, pero, según El Universal, los dos siguen presos porque enfrentan otros procesos.
La FGR identifica a Arizmendi como líder de una organización dedicada principalmente al secuestro desde al menos 1998, que operaba en el Estado de México y en el entonces Distrito Federal. El grupo, conocido como Los Arizmendi, adquirió notoriedad por las mutilaciones que sufrían algunas de sus víctimas, práctica que dio origen al apodo, recordó EFE.
Por qué tardó tanto
La historia procesal explica el retraso. Según Récord, en junio de 1998 el Ministerio Público ejerció acción penal sin detenido contra integrantes de la banda y se libraron órdenes de aprehensión. Tras su captura, Arizmendi quedó a disposición del juez en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. El 21 de agosto de 2003 se dictó una sentencia contra él y otros dos acusados.
Sin embargo, las defensas promovieron juicios de amparo y obtuvieron resoluciones que obligaron a reponer el procedimiento. La reposición significa, en términos prácticos, regresar el juicio a una etapa anterior para corregir fallas detectadas por un tribunal y volver a dictar sentencia. La pena anunciada ahora no es un caso nuevo, sino una nueva determinación sobre hechos investigados desde hace décadas.
La nueva acusación fue sostenida por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en el Estado de México, que aportó pruebas adicionales, según Infobae.
No son otros 50 años
Es importante leer bien la noticia. El Debate subrayó que el comunicado de la FGR no detalla cómo se computará esta condena frente al tiempo que Arizmendi lleva privado de la libertad ni cómo se relaciona con otras sentencias vigentes. Por eso no es correcto afirmar que empezará a cumplir 50 años adicionales a partir de noviembre de 2026. La duración efectiva de su reclusión depende de las reglas de cómputo de penas.
Récord advirtió en el mismo sentido que se trata de una resolución dentro de un expediente específico, que no debe confundirse con otras sentencias dictadas contra Arizmendi en distintas causas penales.
Lo que revela el expediente
El caso es un retrato de la justicia penal mexicana del cambio de siglo. Un expediente abierto bajo el sistema tradicional, escrito y lento, sobrevivió a varias administraciones, a reformas judiciales y al paso de un modelo procesal a otro. Que una sentencia de 2003 haya tenido que repetirse y concluir 23 años después muestra lo que cuesta, en tiempo y recursos, corregir un proceso mal integrado.
Para las víctimas de los secuestros de los años noventa, la noticia tiene un valor más simbólico que práctico: Arizmendi lleva casi tres décadas en prisión y seguirá ahí. Pero el expediente deja una advertencia vigente para fiscales y jueces: un caso de alto impacto puede caerse, o eternizarse, si las pruebas y el debido proceso no se cuidan desde el primer día.
