Por Anabel Beltrán
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la falsificación de la firma de su titular, Raquel Buenrostro, y el uso de papelería oficial alterada para extorsionar a empresarios y proveedores del gobierno federal. El caso, revelado por Reforma, describe una modalidad en la que el arma es un oficio con apariencia oficial.
De acuerdo con Agencia Reforma, que tuvo acceso a la querella, los documentos simulaban investigaciones contra determinados proveedores y se usaban para exigir dinero a cambio de detener procedimientos que, según la dependencia, nunca existieron. La identidad de quienes elaboraron los papeles sigue bajo investigación.
El mecanismo
Según la denuncia, los presuntos extorsionadores elaboraban oficios con membrete de la Secretaría en los que aparentaban transmitir instrucciones de Buenrostro a funcionarios subordinados para investigar a ciertos empresarios por posibles irregularidades. Con ese documento en la mano, una persona no identificada llamaba a los proveedores, les mostraba la supuesta amenaza de procedimientos disciplinarios y ofrecía intervenir para frenarlos a cambio de un pago.
Uno de los oficios falsos, fechado el 4 de junio de 2026, decía que Ulises Lara, entonces titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, había ordenado investigar a esos proveedores. El intermediario ofrecía comunicarse con Lara para detener las indagatorias. Reforma subraya que no hay elementos públicos que acrediten que Lara ordenara esas investigaciones o participara en las extorsiones.
La cronología
Las fechas que reconstruye el expediente son estas. El 4 de junio, la fecha de uno de los documentos apócrifos. El 14 de julio, Lara renuncia a la fiscalía especial tras poco más de seis meses, por motivos personales según la FGR. El 28 de julio, la Secretaría Anticorrupción alerta públicamente sobre el uso de documentos falsos. El 29 de julio recibe información anónima sobre un oficio atribuido a Buenrostro, quien niega haberlo firmado. El 6 de agosto se presenta la denuncia penal.
La querella fue presentada por Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán, director de Asuntos Penales y Estratégicos de la Unidad de Combate a la Impunidad, con la clave FED/CDMX SZS/0003777/2026, contra quien resulte responsable. Se presume que es apócrifo, motivo por el cual se hace la denuncia para su investigación, se lee en el documento citado por Reforma. Algunos proveedores habían informado directamente a Buenrostro de las amenazas.
Las alertas previas
No es la primera señal. El 2 de julio la dependencia alertó sobre una red que se hacía pasar por servidores públicos para cobrar trámites, certificaciones o supuestas sanciones fiscales. Y el 28 de julio, según El Universal, advirtió que se falsificaba la firma autógrafa de Buenrostro y se usaba indebidamente el nombre del subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera.
En aquel boletín, la Secretaría fue tajante: no autoriza ni reconoce solicitud alguna de pagos, depósitos o transferencias para iniciar, suspender, agilizar o concluir procedimientos administrativos o de investigación, y cualquier requerimiento de ese tipo carece de sustento legal.
Cómo protegerse
La lección para cualquier empresa que contrata con el gobierno es que un logotipo y una firma no prueban nada. Las recomendaciones oficiales son no hacer depósitos para evitar supuestas sanciones, verificar el documento directamente con la dependencia por sus canales oficiales, no entregar datos bancarios por teléfono o mensajería, conservar mensajes y oficios recibidos y presentar la denuncia. La Secretaría difundió los números 55 2000 2000 y 800 1128 700 para orientación.
El caso revela, además, una paradoja incómoda: la dependencia encargada de combatir la corrupción se convirtió en la fachada de una extorsión. Que la denuncia lleve tres meses sin responsables identificados es un indicador de lo difícil que resulta rastrear este tipo de redes, que operan con llamadas y papeles, sin dejar casi huella.
