Por Anabel Beltrán
Una acusación federal presentada en Texas sostiene que La Nueva Familia Michoacana dejó de limitarse a extorsionar a mineros y ahora controla minas completas en Guerrero, entre ellas Campo Morado, en el municipio de Arcelia, y que intercambia los minerales extraídos por cargamentos de precursores químicos de empresas chinas para fabricar drogas sintéticas. El expediente, de 58 páginas, imputa cargos a 21 presuntos integrantes y colaboradores del grupo.
La acusación, con número de causa DR:26-CR-03395-AM, fue presentada el 18 de noviembre ante el Tribunal del Distrito Oeste de Texas, división Del Río, y se hizo pública el 20 de noviembre. Contiene 14 cargos que van de la conspiración bajo la ley RICO al narcotráfico, el tráfico de armas y de personas, el lavado de dinero y el apoyo material a una organización terrorista extranjera.
El trueque minero
El documento describe un cambio de modelo. «En lugar de extorsionar sistemáticamente a mineros independientes», el cártel «ahora controla minas enteras, como la mina Campo Morado en Guerrero», según el texto de la acusación. El control de minerales muy demandados en la cadena global de suministro, añade, le permitió desarrollar un sistema de trueque «sofisticado y amplio» con compañías chinas: minerales mexicanos a cambio de químicos usados para producir drogas.
La acusación no identifica a las empresas chinas ni precisa volúmenes, fechas o rutas de esos intercambios. Campo Morado es una mina subterránea en una zona montañosa de la Tierra Caliente, a unos 1,500 metros de altitud y con una propiedad de más de 12 mil hectáreas, cuya titular es la canadiense Luca Mining Corp, con sede en Vancouver, según Infobae. El expediente no acusa a la empresa minera de ningún delito.
Quiénes son los acusados
Al frente aparecen los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias «El Pez» o «Don Gabino», señalado como líder, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias «El Fresa» o «Chino», como segundo al mando. Ambos enfrentan 11 de los 14 cargos. Les siguen, según la fiscalía, Josué López Hernández, «Colima», encargado de armas y seguridad, y Johnny Hurtado Hernández, «Tarzán», hijo de El Pez, responsable de los cobros de extorsión.
De los 21 acusados, solo cinco están bajo custodia federal en Estados Unidos; los otros 16, incluidos los hermanos Hurtado Olascoaga, siguen prófugos y las autoridades estadounidenses creen que están en México. El fiscal Justin R. Simmons dijo en conferencia que confía en la colaboración de las autoridades mexicanas para extraditarlos.
Armas, migrantes y lavado
El expediente atribuye al grupo la importación de miles de kilos de cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos desde 2006, el envío de armas hacia México a través de compradores reclutados en Texas y el sureste estadounidense, y el traslado de migrantes por los mismos corredores. Entre los hechos citados está el choque del 15 de marzo de 2021 cerca de Del Río, en el que murieron ocho migrantes, entre ellos un menor, cuando una camioneta huía de la policía.
Entre las armas decomisadas figuran un rifle Barrett calibre .50 y 33 rifles semiautomáticos interceptados en Eagle Pass en mayo de 2024. La fiscalía sostiene que los líderes buscaban armamento de grado militar, como lanzagranadas propulsados por cohete, y que personalizaban armas con chapa de oro. La DEA en Austin decomisó más de un millón de dólares en ganancias ilícitas durante la investigación.
Un cártel en expansión
Según la acusación, el grupo mantiene un control firme en Michoacán, el Estado de México y Guerrero, y desde julio de 2026 ganó presencia en Puebla y Morelos. Washington lo designó organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025, y el Departamento de Estado ofrece desde abril de ese año hasta 5 millones de dólares por El Pez y hasta 3 millones por El Fresa.
Lo nuevo del expediente es el ángulo minero. Si la acusación se sostiene en tribunales, describiría una economía criminal que ya no solo cobra piso a la minería, sino que la opera y la conecta con el mercado de químicos. Eso plantea preguntas que el documento no responde: quién compra y exporta ese mineral, por qué aduanas sale y qué supervisión ejercen las autoridades mexicanas sobre las concesiones en zonas bajo control criminal.
Ninguno de los acusados ha sido juzgado; los cargos son señalamientos de la fiscalía estadounidense que deberán probarse ante un jurado. Hasta la preparación de esta nota no se localizó una postura pública de las autoridades mexicanas ni de Luca Mining Corp sobre lo descrito en la acusación respecto de Campo Morado.
