Por Anabel Beltrán
La alcaldesa de Juárez, Nuevo León, Mónica Oyervides, de Movimiento Ciudadano, compró una finca campestre de 8.1 millones de pesos en el municipio de Santiago y la pagó al contado, de acuerdo con una investigación del periódico El Norte. La operación quedó escriturada el 19 de noviembre de 2025 ante el Notario Público 143, cuando ella ocupaba el cargo honorario de presidenta del DIF municipal y su esposo, Félix Arratia, era el alcalde.
El predio, de 5 mil 3 metros cuadrados, se ubica en el fraccionamiento campestre Las Huertas, en la congregación Huajuquito, en una zona de quintas cercana a la Presa La Boca. Según la escritura citada por el diario, se adquirió con «mejoras construidas»; en su declaración patrimonial, la alcaldesa reporta 389 metros cuadrados de construcción. Tomas aéreas muestran una casa principal, alberca y áreas arboladas.
Las cuentas que no cuadran
La propiedad aparece en la declaración patrimonial que Oyervides presentó en mayo, pero en ese mismo documento no reporta ingresos, inversiones, cuentas bancarias, participación en empresas ni empleos previos que permitan explicar la compra. El tabulador municipal a enero de este año fija un salario bruto de 70 mil 500 pesos mensuales para la presidencia municipal, insuficiente para un desembolso de ese tamaño.
De acuerdo con información fiscal a la que El Norte tuvo acceso, entre 2021 y 2026 Oyervides facturó ingresos por 7.1 millones de pesos. La mayor parte, 4.6 millones, provino de una empresa de florería constituida en 2020 en la Ciudad de México; otros 1.2 millones, de un despacho contable, y 1.1 millones, de un despacho de abogados, ambos propiedad de su esposo. Por clases en la UANL cobró 48 mil 528 pesos entre 2022 y 2023.
¿Una ganga?
En una segunda entrega, El Norte reportó que el valor de la finca sería de más del doble de lo que la alcaldesa declaró haber pagado, lo que el diario describió como un precio 60% menor al de mercado. Oyervides asumió la alcaldía en marzo de este año, luego de que Arratia dejó el cargo para incorporarse al gabinete del gobernador Samuel García como secretario de Igualdad e Inclusión.
Ninguno de los dos aceptó entrevista. La alcaldesa cuestionó en redes sociales que se le identificara como esposa de Arratia, mientras que el funcionario estatal dijo en un discurso que el «fuego que nace en Juárez» solo se avivará si le echan «más papel o portadas de periódico». Hasta ahora no han detallado cómo se financió la compra.
El expediente de los uniformes
El caso se suma a otro señalamiento. El 9 de noviembre, el Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría pedir a la Auditoría Superior del Estado una revisión excepcional del programa municipal de uniformes escolares de Juárez, cuyo monto supera los 141 millones de pesos. La diputada Perla Villarreal Valdez expuso que se contrataron unos 67 millones con una empresa considerada facturera y 74.6 millones con otra investigada por lavado de dinero.
Según El Norte, la Fiscalía Anticorrupción del estado podría investigar tanto la asignación de esos contratos como la adquisición de la finca. El Congreso instruyó a la Auditoría que, si encuentra violaciones graves, presente las denuncias administrativas y penales correspondientes. El municipio no ha informado los precios unitarios ni el padrón de beneficiarios del programa.
Para los habitantes de Juárez, municipio del área metropolitana de Monterrey, el caso plantea una pregunta básica de rendición de cuentas: de dónde salió el dinero. La respuesta deberá venir de una explicación documentada de la alcaldesa o de la revisión de las autoridades fiscalizadoras, no de las redes sociales ni de los discursos. Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado públicamente una carpeta formal abierta por la compra de la finca.
