Por Anabel Beltrán
Desde el lunes 9 de noviembre, personal del Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó a retirar las cámaras con capacidad de captar audio instaladas en la sala de prensa de su sede central. Días antes se habían inhabilitado los torniquetes de acceso a los edificios. La decisión, tomada por la conducción provisional que encabeza Blanca Cruz García, desmonta uno de los proyectos más polémicos de la gestión de Guadalupe Taddei.
El sistema, conocido internamente como el «Big Brother» del INE, costó 227 millones de pesos, según la cifra que el propio instituto informó. Su contrato fue clasificado durante meses como información de seguridad nacional. En abril, La Silla Rota obtuvo el documento mediante un recurso de revisión y reveló que se trató de una adjudicación directa a la empresa AMPS para la Integración y Articulación, S.A.P.I. de C.V.
Qué se compró
De acuerdo con ese contrato, el servicio del llamado Centro Estratégico de Seguridad Integral contemplaba más de 300 cámaras en las 32 juntas locales y en ocho inmuebles centrales del instituto en la Ciudad de México. Las cámaras, fabricadas por la empresa Verkada, incluyen una función de grabación de audio que, según funcionarios del INE de aquel momento, estaba deshabilitada.
Este jueves, Excélsior publicó un desglose atribuido a fuentes con acceso al contrato: más de 160 millones de pesos para el sistema de cámaras con micrófonos, más de 22 millones para un monitor gigante de videovigilancia, casi 10 millones para ponchallantas, torniquetes y credencialización, alrededor de 8 millones para sensores ambientales y 2 millones para drones, con un monto similar para sistemas antidrones.
La hipótesis del subejercicio
Según el diario, el proyecto fue ideado a finales de 2025 por colaboradores del empresario Alfredo Hernández Casillas que laboraban en el instituto, con el fin de ejercer recursos que de otro modo se habrían reportado como subejercicio y tendrían que devolverse. La propuesta original superaba los 300 millones e incluía vehículos antimotines con cañones de agua, que la presidencia del instituto rechazó y ordenó recortar.
El mismo reportaje sostiene que algunos insumos tenían sobreprecios de hasta 100% y que Raymundo Hernández Casillas, hermano del empresario, acercó a AMPS con el INE. También señala que la empresa fue constituida en 2017 por personas cercanas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal sentenciado en Estados Unidos. Ninguno de estos señalamientos ha sido confirmado por una autoridad.
Lo que el INE no ha explicado
El contrato fue firmado por el entonces director de Administración, de acuerdo con Excélsior, y su anexo técnico sigue reservado por razones de seguridad. El Órgano Interno de Control del INE desestimó en su momento el argumento para ocultar el nombre del proveedor, pero confirmó la reserva del anexo, por lo que el detalle técnico de lo instalado sigue sin conocerse públicamente.
Para dimensionar el gasto, La Silla Rota comparó los 227 millones con el presupuesto anual de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para 2026, de 230.9 millones. El instituto argumentó entonces que su sistema de videovigilancia no se había renovado en 18 años y que necesitaba un monitoreo interconectado de sus sedes.
El desmontaje ocurre mientras la Secretaría Anticorrupción y la Unidad de Inteligencia Financiera investigan la red de proveedores de los hermanos Hernández Casillas. Queda por saber si la revisión de este contrato formará parte de esas pesquisas, qué destino tendrán los equipos retirados y si el instituto intentará recuperar parte de lo pagado.
También está pendiente una explicación pública sobre el uso que se dio a las grabaciones. Si las cámaras de la sala de prensa podían captar audio, la pregunta de fondo es si alguna vez se activó esa función, quién tuvo acceso a lo registrado y dónde se resguarda. Hasta el cierre de esta nota, el INE no había difundido un informe al respecto ni la postura de la empresa proveedora.
