Por Anabel Beltrán
Las siete empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, señalados por obtener contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos de organismos electorales locales desde los años noventa, operaban con prestanombres. Así lo documentó El Universal tras revisar las operaciones que esas compañías reportan en el Registro Público de Comercio.
José Alfredo Hernández Casillas es el contratista ligado a la exconsejera presidenta del INE Guadalupe Taddei a través de videos difundidos por Latinus, en los que, según el diario, se les observa repartirse porcentajes de moches que pagan otros contratistas al ganar licitaciones. Las empresas revisadas son Cajas Graf, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Comercializadora Grupo Selati y Formas Finas Fernando Fernández.
El patrón que describe el expediente es el mismo en varias de ellas: personas físicas constituyen la sociedad y, tiempo después, ceden acciones o poderes amplios a integrantes de la familia o a personas de su círculo.
Cajas Graf
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, citada por El Universal, Cajas Graf fue constituida en julio de 1993 por Salvador Luis Morett y Alejandra Ortiz González. En diciembre de 2021, su entonces representante legal, Víctor Hugo Aguilar Macalpin, otorgó un poder total y cedió acciones a Raymundo Francisco Hernández Casillas. El trámite se firmó en la Notaría 185 del Estado de México, en Naucalpan.
Corporativo Zeg y los nombres del INE
Corporativo Zeg fue constituida en diciembre de 2015 en la Notaría 181 de la Ciudad de México por Alejandro Olaya Ortiz y Omar Salvador López Sánchez. En 2017 otorgó un poder total a Raymundo Francisco Hernández para operaciones financieras y representaciones legales, incluida la firma de contratos con organismos públicos locales. En 2024, ante otro notario, él pidió darse de baja y declaró que nunca tuvo conocimiento de ese poder.
El dato más delicado es de 2023. El 1 de junio de ese año, Corporativo Zeg dio de alta a más de cinco representantes legales el mismo día, y al menos dos estaban relacionados directamente con el INE: Jesús Octavio García González, director ejecutivo de Administración con Taddei, y Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, director de Coordinación y Análisis durante la presidencia de Lorenzo Córdova. Según El Universal, ambos están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La familia en las actas
Comercializadora JVLY nació en noviembre de 2015, en la misma Notaría 181, con Jorge Viana Pimentel y Luz María Yáñez Pimentel como fundadores. En 2018 y 2021 cedió poderes a Tatiana Patricia Hernández Velázquez, presuntamente hija de José Alfredo Hernández Casillas según datos de Anticorrupción, y a Fernando Fernández Parra. Tatiana y Raymundo Hernández Velázquez aparecen también como apoderados de Cajas Graf, Corporativo Zeg y Seriplast.
Seriplast de México fue constituida en septiembre de 2008 en una notaría de Tonalá, Chiapas. Entre sus socios fundadores figura Patricia Velázquez Sánchez, esposa de José Alfredo. En 2013, en la Ciudad de México, se dieron de alta como socios y representantes Raymundo Francisco Hernández Casillas y los hijos del matrimonio.
Las dos empresas Formas Finas, en cambio, pertenecen desde su constitución a las familias Carranza Sordo y Fernández Parra, respectivamente, aunque Formas Finas y Materiales otorgó en su momento un poder a Raymundo Hernández Casillas, y tanto Cajas Graf como JVLY dieron poder a Fernando Fernández Parra, hermano de uno de los fundadores de Formas Finas Fernando Fernández.
Lo que sigue
El hallazgo importa porque la figura del prestanombres es justamente la que permite que un mismo grupo compita en licitaciones con varias razones sociales y aparente una competencia que no existe. Ese es el núcleo de los señalamientos sobre los contratos de material electoral que hoy revisan la UIF, la Secretaría Anticorrupción y la Fiscalía General de la República.
Ninguna de las personas mencionadas ha sido sentenciada. La revisión registral es un indicio documental que deberá contrastarse con las investigaciones oficiales, en las que se definirá si los cambios de socios y apoderados fueron parte de un esquema para simular competencia en las compras del sistema electoral o si tienen otra explicación legal.
