Por Anabel Beltrán
El acuerdo AG-POAJ-025/2026, publicado el 5 de noviembre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, es la pieza normativa que detonó la suspensión laboral del personal de apoyo en juzgados y tribunales federales. México Confidencial lo aborda como expediente regulatorio: qué dice la escala, qué exceptúan los transitorios y qué fechas ya están en el calendario operativo.
Según la cobertura de La Razón, el artículo 31 establece una escala de cero a cien puntos. Las calificaciones inferiores a sesenta corresponden a un desempeño insuficiente. Para esos casos, la normativa contempla la posibilidad de solicitar un examen extraordinario de competencias o presentar un recurso de revisión, según las circunstancias.
Si el resultado desfavorable queda firme, el pleno debería resolver conforme a las disposiciones de la Ley de Carrera Judicial, que contempla la separación del cargo por no acreditar la evaluación en los términos legales. Ese horizonte de consecuencias laborales es el núcleo del temor de la base trabajadora.
La excepción de 2026 y el calendario
Los artículos transitorios cuarto y quinto, de acuerdo con el mismo reporte, excluyen expresamente esas consecuencias para el ejercicio de 2026. Los resultados de este año no implicarán aprobación o no aprobación ni producirán consecuencias individuales en materia de permanencia o separación de la Carrera Judicial. El Órgano de Administración Judicial ha insistido en el carácter exclusivamente diagnóstico de la primera aplicación.
En la ruta operativa que dio a conocer la administración judicial, la entrega de temarios corresponde a la tercera semana de noviembre (17 y 18). Las evaluaciones escritas de diciembre se repartirían así: secretarios el día 4; actuarios el día 8; oficiales judiciales el 14 y el 15. Después, de enero a marzo de 2027, vendría la etapa de lectura de resultados y de detección de necesidades formativas.
Esa línea de tiempo explica por qué el paro no se agota en una jornada. Cada fecha del calendario puede reactivar asambleas si la base percibe que el carácter diagnóstico es solo un alivio temporal frente a la escala del artículo 31 en años posteriores.
Investigar el acuerdo también obliga a separar tres planos: la facultad constitucional y legal de evaluar; el diseño concreto de pesos y rubros del examen; y la comunicación institucional hacia el personal. El conflicto actual mezcla los tres. Una facultad legítima puede detonarse con un diseño percibido como arbitrario o con una explicación tardía.
Qué documentar de aquí en adelante
Para el seguimiento periodístico, conviene allegar el texto completo del DOF, las actas o comunicados del OAJ, y cualquier criterio de suspensión de labores por circuito. Sin esos documentos, el debate público se alimenta solo de resúmenes y de miedo laboral.
También importa observar si el diálogo abierto por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz con los sindicatos STPJF y SNRS-TPJF produce precisiones escritas sobre la aplicación 2026. Un comunicado de buenas intenciones no sustituye una circular operativa que los titulares de órgano puedan aplicar de modo uniforme.
México Confidencial no transforma el resumen periodístico del acuerdo en dictamen jurídico. La utilidad de esta nota es ordenar el expediente normativo al alcance del ciudadano: escala, umbral de insuficiente, excepción transitoria de 2026 y fechas de temario y examen.
Trabajadores y titulares de órgano necesitan, además, criterios homogéneos sobre qué rubros del examen pesan más y cómo se documenta la opinión del superior. Sin esa guía, la escala 0-100 se vuelve un número abstracto cargado de sospecha.
Desde la óptica de expediente, el acuerdo y el paro forman un solo dossier: norma publicada, reacción laboral, excepción diagnóstica y calendario de pruebas. Omitir cualquiera de esos eslabones deforma la investigación.
Mientras el paro continúe, cada día sin claridad documental aumenta el costo para justiciables y profundiza la desconfianza laboral. El acuerdo AG-POAJ-025/2026 seguirá siendo el texto en disputa; transparentar su aplicación es ahora tan relevante como haberlo publicado en el Diario Oficial.
