Por Anabel Beltrán
El escándalo que llevó a la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral no se limita a las oficinas centrales del árbitro federal. La misma red de empresas señalada por presunta simulación de competencia en licitaciones del INE obtuvo contratos en institutos electorales locales de por lo menos 17 estados, por un monto acumulado de mil 803 millones 80 mil pesos, según una investigación publicada este martes por el diario Excélsior.
Los contratos, de acuerdo con esa revisión, están bajo la lupa de tres instancias: la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Órgano Interno de Control del propio INE. Ninguna de ellas ha emitido una resolución definitiva, por lo que las empresas mantienen la presunción de inocencia.
Las empresas y sus montos
La compañía con mayor presencia documentada es Formas Finas y Materiales, especializada en papelería electoral, urnas, mamparas y útiles de casilla. Registra al menos 15 contratos en 11 organismos públicos locales electorales por más de 540 millones de pesos. Entre sus clientes figuran los institutos del Estado de México, Aguascalientes, Tlaxcala, Nuevo León, Querétaro, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila y Durango. Solo en Aguascalientes, su contrato para el proceso de 2024 fue de alrededor de 17 millones de pesos.
La segunda es Cajas Graf, proveedora de cartonería y cajas para paquetes electorales, asociada al grupo empresarial de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Acumula 22 contratos en 13 institutos locales por 586 millones 300 mil pesos, con operaciones en Sonora, Veracruz, Jalisco, Oaxaca e Hidalgo, entre otros estados. Otra firma mencionada, Corporativo Zeg, obtuvo en 2024 un contrato por siete millones 900 mil pesos con el instituto electoral de Nayarit.
El hilo con el INE
José Alfredo Hernández Casillas es el empresario identificado en reportajes como el proveedor favorito durante la gestión de Taddei. En audios difundidos en las últimas semanas, se le escucha mencionar a funcionarios del instituto como parte de su gente, lo que motivó la salida de varios mandos tras la renuncia de la consejera presidenta. Una investigación de El País publicada el 29 de octubre documentó que su red logró contratos en 25 órganos electorales a lo largo de la última década.
El mismo diario describió un mercado dominado por un puñado de empresas que, desde hace décadas, concentran la producción de boletas y material electoral para los estados. Esa concentración no es ilegal por sí misma, pero eleva el riesgo de colusión cuando las licitaciones se diseñan de forma que pocas compañías pueden competir.
Lo que falta saber
Hay preguntas que solo las auditorías pueden responder: si los precios pagados por los institutos locales fueron razonables frente al mercado, si hubo competencia real o participantes de relleno en las licitaciones, y si existió algún vínculo entre funcionarios que diseñaron los procedimientos y las empresas ganadoras.
También está pendiente conocer la postura de las compañías. Hasta ahora, la información pública se basa en expedientes de transparencia y en investigaciones periodísticas; las empresas no han sido sancionadas y tienen derecho a defenderse en los procedimientos que se abran.
Por qué importa rumbo a 2027
El tema no es menor en el calendario. En 2027 se elegirán 17 gubernaturas, más de mil diputaciones locales y miles de cargos municipales, lo que implica que los institutos locales volverán a contratar millones de boletas, urnas y paquetes. Si la misma red sigue participando sin controles adicionales, el riesgo se traslada a la elección.
Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que quien haya cometido actos de corrupción debe ser sancionado y recordó que la Auditoría Superior de la Federación es el órgano facultado para auditar al INE. La pregunta abierta es si esa fiscalización llegará a tiempo para que los institutos locales ajusten sus compras antes de la próxima jornada.
México Confidencial dará seguimiento a los contratos señalados en cada entidad y a las respuestas que ofrezcan los institutos electorales locales y las empresas involucradas.
